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Jueves, 21 de Julio de 2016

La estafa de Vitaldent a la Audiencia Nacional

La estafa de Vitaldent a la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional será finalmente el tribunal que investigue el caso Vitaldent después de que la Sala de lo Penal haya obligado al juez Eloy Velasco a quedarse con su instrucción, ya que se trata de una causa muy compleja que afecta a muchas regiones españoles, lo que hace necesario centralizarla.
Este caso lo investiga actualmente un juzgado de Majadahonda (Madrid), que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional al entender que es este tribunal el que debe instruirlo, aunque el juez Eloy Velasco rechazó esa competencia.
Esa decisión del juez fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción ante la Sala de lo Penal y ahora su sección cuarta da la razón al fiscal y ordena a Velasco llevar el asunto, ya que cree que es un tema "de gran complejidad, no ya por el volumen y cuantías de que se trata, sino, principalmente, por el elevado número de franquiciados que participan en la operativa, que se encuentran diseminados por todo el territorio nacional".
Esta investigación por pertenencia a organización criminal, falsedad, fraude fiscal, blanqueo, apropiación indebida y delito contra la salud pública requiere, según el tribunal, "centralizar la instrucción en los juzgados de la Audiencia Nacional y no en el de Majadahonda".
Según las investigaciones, el fraude de estas clínicas consistió en que un grupo de personas, entre ellas el propietario de Vitaldent, diseñaron "un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda", de manera que su cúpula recibía cada año 17,2 millones de euros en B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena.
Esta trama organizada, alegaba la Fiscalía en su recurso contra la decisión de Velasco de rechazar la causa, "lleva operando con gran estabilidad y permanencia en el tiempo, y lo hace no solo en España, sino también en países tales como Holanda, Suiza y Luxemburgo", donde se blanqueaba el dinero.
Para ello, los implicados idearon un "complejo operativo", dice Anticorrupción, "que culminó con el envío de dinero al exterior, con baja retribución, y el posterior traspaso de dinero a cuentas personales mediante operaciones ficticias, con la utilización de sociedades instrumentales radicadas en España, Suiza, Holanda y Luxemburgo".
Ese dinero provenía de un sistema ilegal por el que cada clínica tenía que pagar en efectivo (dinero B) a la matriz el 10 por ciento de la franquicia acordada. Además, se había articulado un sistema de recogida de dinero en efectivo para las clínicas propias y otras de confianza que ascendía a 10.000 euros mensuales.
Los imputados en la causa llevaban desde 2009 realizando esas actividades delictivas, asegura el fiscal, en más de 170 clínicas repartidas por toda España (las franquicias propias), a las que hay que sumar otras múltiples clínicas dirigidas por testaferros.
Los últimos en declarar en este caso ante el juzgado de Majadahonda fueron los directivos de Vitaldent, que dijeron que "no sabían nada" de la existencia de una "caja" o contabilidad B de la empresa ni de las recogidas de dinero en efectivo en los franquiciados.
Otro de los investigados es el propietario de la cadena dental, Ernesto Colman, que tenía dos cuentas en Suiza y planeaba dejar el negocio en manos de otros ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas en algunas de las clínicas.


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